La violación del derecho de propiedad se ha convertido en un hecho frecuente en la Argentina de los últimos años.
La prescripción constitucional que garantiza ese derecho parece haberse transformado en letra muerta si se observan los numerosos casos en los que la acción judicial no ha podido impedir que se consumen usurpaciones contra la voluntad de los legítimos propietarios y aun venciendo su resistencia.
En algunas ocasiones, habiendo actuado correctamente la Justicia, han sido las fuerzas del orden, instruidas por las autoridades ejecutivas, las que han desconocido la orden judicial de desalojo. En casi todos esos casos se ha aplicado una incorrecta interpretación del interés general o del bien común y se ha adjudicado esa calificación a movilizaciones de grupos pequeños que protegen su propio interés.
La situación generalmente penosa de esos grupos y el impacto mediático y popular que logra su protección impulsan a políticos, jueces, legisladores y gobernantes a pasar por alto la ley y la justicia, destruyendo el edificio jurídico sobre el que se asientan la convivencia y el progreso.
Existen, además, organizaciones delictivas que transfieren en forma ilícita e irregular el dominio de inmuebles usurpados, para lo cual requieren la complicidad de gestores y supuestos adquirentes de buena fe, que aceptaron a un precio ventajoso la adquisición de un bien en forma irregular.
